Jorge Carrasco Araizaga . Proceso

MÉXICO, D.F., 22 de agosto (apro).- La llamada cumbre de seguridad y justicia llamó la atención no por la falta de verdaderas propuestas de políticas públicas en materia de seguridad, sino porque entre los asistentes estuvieron muchos de los responsables de la delincuencia.

Como protectores de las bandas de secuestradores, narcotraficantes, pederastas, lenones, defraudadores y tantas otras expresiones delictivas, funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores, jueces y dirigentes partidistas se han convertido en la verdadera base de la delincuencia.

Se ha dicho hasta el cansancio, en “términos economicistas”, que el mejor incentivo que existe en México para delinquir es la certeza de que el delito no será castigado más que en 2 o 3% de los casos.

Es la impunidad, y no tanto las leyes, la causa de esta nueva manifestación de la crisis de inseguridad. Mucho menos con odiosos oportunismos como el endurecimiento de las penas o el restablecimiento de la pena de muerte, como pretenden lucrar Felipe Calderón y el Partido Verde, respectivamente.

Las más de las veces, la falta de castigo es deliberado. Ya sea porque los policías municipales, estatales o federales son comprados por los delincuentes o, de plano, porque forman parte de sus bandas.

También, porque los ministerios públicos –federales y estatales– son pagados para integrar mal las averiguaciones previas y de esa manera abrir las puertas para que los delincuentes salgan “legalmente”.

Otras veces la impunidad se plasma en las resoluciones de los jueces. Pero a diferencia de los funcionarios de los poderes ejecutivos, éstos todavía están protegidos por un grueso manto de opacidad que impide a la sociedad conocer sus fallos.

Con el argumento de que “los jueces sólo hablan a través de sus sentencias”, los juzgadores se excusan también en la comodidad que ya se volvió frase común en los juzgados: “lo que no existe en el expediente, no existe en la realidad”.

No son pocos los casos conocidos y padecidos por la sociedad mexicana en que legisladores, gobernadores y funcionarios federales son evidenciados en sus relaciones con la delincuencia.

Pero no pasa del escándalo, pues en México no se ha visto a ningún gobernador, senador, diputado o secretario de Estado que haya sido siquiera sometido a una verdadera investigación.

Los empresarios, que sólo cuando son víctimas reclaman como ahora, tampoco son ajenos a la impunidad. Por décadas, se han conocido los fraudes cometidos por algunos de éstos con recursos públicos, sin que haya pasado nada.

Sólo por consigna política o personal de los funcionarios públicos, los empresarios han sido perseguidos y pasado algún tiempo en la cárcel. Pero del dinero no se vuelve a saber nada.

Cada sexenio, los funcionarios federales y su entorno terminan enriquecidos. Algunos, hasta la obscenidad.

Lo mismo ha sucedido con el PRI, el PAN y el PRD. Ya en los congresos, ya en los poderes ejecutivos.

Los partidos políticos también forman parte de la enorme red delictiva que cubre al país. ¿Cuántos de sus presidentes municipales, regidores o legisladores no trabajan para la delincuencia?

El mensaje cotidiano para los mexicanos por parte de las elites políticas y económicas es el de la impunidad.

No es sólo un problema de policías, de bases de datos, células de identidad o tareas a 100 días como se empezará a resolver el problema. Eso es apenas la superficie.

El problema de fondo es que en México, los delincuentes se han encumbrado.