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Garantiza la SCJN dar cauce a impugnaciones derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad En seguridad, la unión sí es clave El acuerdo no quedará en carta de buenas intenciones: Calderón Conoce los 75 compromisos del Acuerdo Nacional de Seguridad
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Será respuesta de Estado con compromisos concretos y verificables El acuerdo no quedará en carta de buenas intenciones: Calderón■ En el avance de la criminalidad todos somos responsables, reconoce El presidente Felipe Calderón reconoció que además de los errores propios y omisiones, México padece la consecuencia de muchos años de indolencia o corrupción, por lo que prometió que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no quedará en una “carta de buenas intenciones”, sino en una respuesta de Estado con compromisos concretos y verificables. Al abrir la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo planteó las directrices del acuerdo que se signaría a la postre y reconoció que en el avance de la criminalidad “todos somos responsables”. Ante los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, del gabinete, de organismos autónomos, de la sociedad civil, de sindicatos y organizaciones religiosas, Calderón Hinojosa hizo un llamado a la unidad y a la participación de todos, porque sólo de esa forma se podrá ganar la guerra a la delincuencia. Previo a la sesión, el panista comió en privado con todos los gobernadores –convivio al que no asistió el jefe de Gobierno del Distrito Federal– en el salón comedor de Palacio Nacional. Ahí se hicieron los últimos ajustes al acuerdo. Luego, ubicado al centro de una mesa en forma de herradura, emplazada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en el que se congregaron los asistentes, el Presidente comenzó por plantear que hay un reclamo de justicia para que las autoridades pongan freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades. “Es una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos”, les dijo. Y señaló que el cáncer de la criminalidad, ignorado en su génesis y desarrollo por largo tiempo, ahora amenaza el bienestar y el futuro de las familias y es un desafío para la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo, después matizó sus señalamientos y dijo que no se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entiendan como ajenas. Tras defender la reciente reforma en materia de justicia penal, dijo que ésta permitirá que los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión asuman la “guerra frontal” contra la delincuencia como lo que debe ser: un asunto de Estado, de seguridad nacional, porque frente a la tentación de ignorar o minimizar el problema de la inseguridad pública, deben optar claramente por reconocerlo y encararlo con determinación. De hecho, Calderón hizo un largo mea culpa, pues admitió que la impunidad se debe, entre otras causas, a la incapacidad de las autoridades para realizar una investigación de los delitos, sea por falta de preparación, de recursos o por falta de compromiso verdadero, y también por el encubrimiento de cuerpos policiacos y servidores públicos. Ya basta Por eso, dijo, es fundamental que el “ya basta”, expresado por la ciudadanía, lo sepan traducir en acciones concretas que restituyan la confianza en las autoridades y en las policías encargadas de cuidarlos. Así planteó la necesidad de trazar una estrategia que permita recuperar, en favor del Estado mexicano, el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes, y expuso que es fundamental adoptar un nuevo modelo policial para que haya guardianes que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes, y que el Estado se provea de todos los instrumentos que le permitan adquirir superioridad técnica, logística, armamento. Desde su perspectiva, lo central es avanzar en consolidar el Sistema Único de Información Criminalística. Un elemento clave que ha estado ausente, dijo, es la participación de los ciudadanos. Por eso planteó que deben ocupar un espacio, que además reclaman y no se les ha proporcionado adecuadamente, para convertirse en vigilantes de los policías. Se congratuló de que el acuerdo proponga la creación de un observatorio ciudadano que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de este compromiso, para que sea la sociedad misma la que vigile su cumplimiento y sancione sus acciones. También consideró que esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados, mucho menos ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas. Se refirió en especial al papel que deberán jugar los medios de comunicación en esta tarea y dijo que deberán permitir que los contenidos que difunden fortalezcan la cultura del respeto a la legalidad, de la denuncia y de la prevención del delito, y eviten también difusión de programas que hagan apología del mismo. Más allá de divisiones de competencia, emplazó a todos los actores a unirse en lo esencial, que es enfrentar de raíz la espiral de violencia que ha envuelto de miedo a muchas comunidades. En esta línea, sostuvo que las autoridades no pueden ni deben renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía. Tanto en ese discurso, como en su breve intervención para cerrar los trabajos del consejo, hizo votos porque ese sea el principio de un “gran esfuerzo nacional, gran esfuerzo de Estado” para garantizar la seguridad de los mexicanos, e informó que giró instrucciones para que la siguiente sesión del consejo se dé en un plazo de 30 días la jornada
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Los ministros debemos enviarle ese mensaje a la sociedad, expresa Ortiz Mayagoitia Garantiza la SCJN dar cauce a impugnaciones derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad■ Pide Santiago Creel identificar con precisión las responsabilidades que tiene cada autoridad El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló que es muy importante “velar por nuestras libertades constitucionales” y enviar un mensaje a la sociedad de que las acciones de gobierno pueden ser objeto de alguna impugnación. Durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, el ministro de la SCJN indicó que toca “al Poder Judicial de la Federación resolver con apego a derecho” las inconformidades que se deriven de las acciones establecidas en ese pacto. En el acto realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en el que participaron representantes de los tres poderes de la Unión, así como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, advirtió que “no habrá forma de ganarle la batalla a los delincuentes” si no se identifica con “precisión las responsabilidades que cada autoridad tiene”, particularmente en materia de seguridad pública. En ese contexto, se debe mencionar que tanto el Poder Judicial como el Legislativo dieron a conocer los compromisos que asume cada uno para mejorar la seguridad en el país. El ministro Ortiz Mayagoitia indicó que son diez los compromisos asumidos por los encargados de impartir justicia, entre ellos, “transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño a los que tendrá acceso la sociedad”; instalar nuevos juzgados y tribunales federales en los circuitos con mayor carga de trabajo; establecer juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República, para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones. El PJF también se comprometió a fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados en materia penal, para evitar que amenazas y la violencia afecten sus decisiones, por lo que se contará con “herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor”, y también a fortalecer los mecanismos de selección de impartidores de justicia. De la misma manera, Ortiz Mayagoitia indicó que se mejorará el control de los procesados y para ello se instalará en todo el país un sistema biométrico para el control de aquellos presuntos delincuentes sujetos a proceso penal en libertad bajo fianza. En tanto, los compromisos del Poder Legislativo fueron dados a conocer por el senador Creel Miranda y la diputada perredista Ruth Zavaleta. En ese sentido, el senador panista explicó que los legisladores se comprometieron a “dictaminar y en su caso votar las iniciativas presentadas o que se presenten antes de octubre de este año, que estén vinculadas a la reciente reforma aprobada en materia de seguridad y justicia”, y expuso que dicha modificación constitucional no solamente plantea cambios jurídicos fundamentales, sino además abona para la creación de una nueva cultura de la legalidad, “prevé que los procesos penales sean acusatorios y orales, un cambio sin duda radical en la manera de administrar justicia en este país”. Organizaciones y medios firman el acuerdo Durante el acto, también firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad Gonzalo Leaño, integrante de la Asociación Mexicana de Editores; Salvador Villalobos Gómez, del Consejo de la Comunicación; Alejandro Puente, de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones (Canitec), y Enrique Pereda Gómez, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. También signaron el documento Francisco González Albunerne, Juan Francisco Ealy, Ricardo Medina, Rogelio Cárdenas, Naim Libien, Luis Alberto Vidal y Carlos Flores Núñez, directivos de diversos medios de comunicación. Los medios se comprometieron a incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la prevención y atención de adicciones, de la seguridad y la denuncia, y a definir y publicar estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que eviten hacer apología del delito, respeten la dignidad de las víctimas y evite la difusión de información que ponga en riesgo a familiares y personas cercanas a las víctimas de un ilícito. la jornada
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